La Defensoría del Pueblo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, expresa su preocupación por la situación de los estudiantes secundarios usuarios de la línea de transportes interurbana COSTA AZUL, que no disponen del respectivo boleto estudiantil, debiendo erogar la totalidad del boleto, situación que genera una clara discriminación inconstitucional con relación al resto de los estudiantes de su mismo nivel que no deben trasladarse a establecimientos de otros distritos, y pone en riesgo la continuidad escolar. 

En ese sentido, los Defensores del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, EXHORTARON al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y la empresa de Transporte Costa Azul a arribar a una solución para las aproximadamente 600 familias que hoy padecen la situación. 

Numerosos estudiantes del Partido de General Pueyrredon deben trasladarse a municipios vecinos para asistir a sus respectivos establecimientos escolares, usuarios de la línea de transporte interurbano Costa Azul. 

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Durante más de 37 años las autoridades y prestadores del servicio público implementaron el sistema de «boleto estudiantil» permitiendo de tal manera a los estudiantes que residen en la zona comprendida por las rutas 88, 11 y 2 concurrir a los establecimientos educativos en condiciones de igualdad y no discriminación. 

De manera inconsulta autoridades y empresarios suprimieron el referido «boleto estudiantil» afectando de tal manera la posibilidad de los educandos de asistir a los establecimientos educativos para cuya accesibilidad debe transitarse por la Ruta 88, la Ruta 11 y la Ruta 2. 

Resulta totalmente justificada la urgencia de resolver la situación de más de 600 familias que viven en cercanías de las rutas 88, 11 y 2 y que ven vulnerada la posibilidad de educar a sus hijos ante la imposibilidad de afrontar el costo del valor ordinario del transporte. 

La situación produce un grave menoscabo al derecho de los estudiantes a acceder a la educación, máxime cuando quienes utilizan el esquema del «boleto estudiantil» integran grupos familiares de escasos recursos y el costo del servicio que deben afrontar, a valores normales, asciende a sumas que superan largamente los doscientos (200) pesos diarios. 

La Defensoría del Pueblo se expresó oportunamente, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el INADI delegación local, SUTEBA y ATE, expresando la discriminación y el trato desigual de la que eran objeto los estudiantes que debían salir del Partido de General Pueyrredon para cursar sus estudios. 

Se ha iniciado ante la Justicia local la causa A-10832-MP0E “AVALOS ANDREA ELISABET Y OTROS c. EMPRESA DE TRANSPORTE COSTA AZUL S.R.L. Y OTROS s. AMPARO», en tratamiento en la Cámara de Apelaciones, con el objeto de obtener un mandato jurisdiccional que garantice a los estudiantes el acceso al «boleto estudiantil» cuya implementación habría sido «suprimida» -tal lo que aseveran- de manera abrupta. 

Con carácter previo a promover el pedido de auxilio jurisdiccional han realizado gestiones ante las autoridades y empresarios y que, por fuera de las idas y venidas ocurridas -lo que importó la adopción de medidas coyunturales que hoy no se encuentran vigente-, lo cierto es que el problema continúa sin solución, careciendo los estudiantes de la posibilidad de utilizar el «boleto estudiantil». 

Se encuentran en juego derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes a quienes se les está impidiendo la posibilidad de trasladarse desde sus hogares hacia los establecimientos educativos a los que concurren en diversas localidades (ubicadas en las ciudades de Mar del Plata, Miramar, Otamendi) y a la inversa -esto es, desde la escuela a sus hogares-. 

Son familias de escasos recursos económicos, que no pueden afrontar el costo del boleto en las nuevas condiciones impuestas por el prestador del servicio. Los niños, niñas y adolescentes resultan en la actualidad discriminados por sus carencias económicas, quedando en muchas oportunidades a la vera de la ruta al no poder afrontar el pago total del pasaje.